La UCR debe investigar a Diego Ugalde: libertad de expresión no es licencia para degradar
La Universidad de Costa Rica no puede mirar hacia otro lado. Las declaraciones públicas atribuidas a Diego Alexánder Ugalde Fajardo contra la presidenta Laura Fernández no son un detalle de redes ni una anécdota que deba archivarse bajo la etiqueta de “pasión política”. Son un caso que merece investigación institucional, claridad y una respuesta proporcional.
No porque una universidad deba castigar opiniones políticas. Al contrario: una universidad que persigue a su personal por pensar distinto sería una universidad enferma. Pero tampoco porque alguien trabaje en una institución pública puede usar su condición profesional como blindaje frente a cualquier forma de insulto, denigración o degradación pública.
La libertad de expresión no es un pase VIP para decir cualquier cosa y luego esconderse detrás de la palabra “democracia”. Especialmente cuando quien habla figura como investigador del Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información y Comunicación y como profesor interino de la UCR.
Los hechos que deben investigarse
La diputada Nayuribe Guadamuz presentó una gestión ante la Rectoría de la UCR para que se investigue a Ugalde Fajardo por expresiones realizadas durante un plantón frente a la Asamblea Legislativa. La legisladora cuestionó que una persona vinculada a la formación de futuros docentes utilizara ese espacio para lanzar expresiones que calificó como ofensivas y denigrantes contra la presidenta de la República.
La solicitud no pide que la UCR condene una ideología. Pide que determine hechos: qué dijo exactamente, en qué contexto, qué vínculo tenía esa intervención con su condición de funcionario universitario y si sus expresiones transgredieron deberes académicos o institucionales.
Eso es lo mínimo. Y debería ser obvio.
Sin embargo, en Costa Rica ciertos sectores han aprendido una maniobra muy conveniente: cuando la agresión verbal viene de alguien ideológicamente cercano, la crítica se transforma de inmediato en “censura”. Cuando la agresión la comete el adversario, entonces se activan discursos sobre violencia política, misoginia y daño democrático. El estándar cambia según el color de la camiseta.
Ese doble estándar es precisamente lo que una universidad pública no puede practicar.
UCR debe investigar a Diego Ugalde por sus ataques a la Presidente, no es censura: es responsabilidad profesional
La UCR reconoce la libertad de cátedra y la libertad de expresión. Su Estatuto Orgánico protege la posibilidad de que las personas integrantes del claustro expresen convicciones filosóficas, religiosas y políticas. Pero ese mismo marco establece una limitación decisiva: el respeto mutuo.
Conviene repetirlo para quienes confunden una cosa con otra: libertad de expresión no significa inmunidad ante responsabilidades laborales o disciplinarias.
Un docente puede criticar a un gobierno. Puede cuestionar a una presidenta. Puede oponerse a proyectos de ley, denunciar lo que considere autoritario, respaldar protestas y votar por quien quiera. Nada de eso debería ser perseguido. La universidad existe, entre otras razones, para que el pensamiento crítico incomode al poder.
Pero hay una frontera entre cuestionar decisiones públicas y degradar a una persona. Hay una frontera entre debate fuerte y lenguaje insultante. Y hay una frontera aún más sensible cuando el blanco es una mujer que ocupa la Presidencia de la República.
Una crítica seria diría: “La presidenta evade responder sobre tal asunto”, “su gobierno incurre en una contradicción” o “su posición es jurídicamente insostenible”. Eso es política. Lo otro —reducirla a un diminutivo despectivo o a una burla— es un recurso pobre, infantilizante y profundamente compatible con el machismo político que tantos discursos progresistas dicen combatir.
El problema del machismo selectivo
La política costarricense se ha acostumbrado a una versión oportunista del feminismo. Hay indignación cuando el comentario sexista proviene del lado contrario. Hay silencio, contextualización o risas incómodas cuando viene de “los nuestros”.
Ese patrón no es feminismo. Es cálculo partidario.
Una presidenta debe poder ser criticada con toda la fuerza que exige una democracia. Su cargo no la vuelve intocable. Pero su condición de mujer tampoco autoriza que el debate se deslice hacia la burla sobre su inteligencia, su capacidad o su legitimidad personal.
La pregunta incómoda es sencilla: ¿qué habría pasado si un profesor identificado con el oficialismo hubiese utilizado el mismo tono contra una dirigente universitaria, una diputada del Frente Amplio o una exvicepresidenta? Probablemente ya existirían comunicados, foros, pronunciamientos, pancartas y un pequeño seminario sobre violencia simbólica.
Y no estaría mal. El problema es que la coherencia no puede aparecer solamente cuando conviene.
UCR debe investigar a Diego Ugalde por sus ataques a la Presidente
La UCR tiene reglas, no excusas
La institución dispone de un régimen disciplinario para personal académico. La Comisión Instructora Institucional, nombrada por el Consejo Universitario, está encargada de instruir denuncias relacionadas con faltas graves o muy graves y debe hacerlo bajo un estándar estricto de debido proceso.kerwa.
Ese es el camino correcto.
No una ejecución mediática. No una cacería ideológica. No un “despido porque lo dijo una diputada”. Pero tampoco el silencio administrativo que tan cómodamente protege a quienes están bien conectados con los círculos correctos.
La UCR debe:
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Verificar la autenticidad, integridad y contexto completo de las declaraciones.
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Determinar si Ugalde Fajardo actuó identificándose o presentándose bajo su condición institucional.
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Analizar si hubo expresiones denigrantes incompatibles con los deberes de respeto y excelencia exigibles al personal académico.
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Garantizarle derecho de defensa y acceso al expediente.
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Comunicar una resolución motivada, sin esconderse detrás de fórmulas burocráticas.
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Aplicar la medida correspondiente si se demuestra una falta disciplinaria.
La normativa universitaria reconoce expresamente la necesidad de establecer la verdad real de los hechos y asegurar el derecho de defensa. Esto no es un tecnicismo: es la diferencia entre justicia institucional y venganza política.cidicer.
¿Despido? Si corresponde tras el proceso
Hay quienes ya exigen el despido. Es comprensible que una expresión pública ofensiva genere indignación. Pero un despido no puede ser una reacción automática ni una sentencia redactada en redes sociales.
Debe ser una consecuencia posible si la investigación determina una falta cuya gravedad, contexto, impacto, eventual reincidencia y normas aplicables la justifiquen. La UCR tiene herramientas disciplinarias y, en casos graves, su régimen prevé procedimientos que pueden llevar a sanciones severas, siempre con debido proceso.kerwa.
Lo contrario sería aceptar dos escenarios igualmente malos:
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Que cualquier ciudadano pueda perder su empleo público por una opinión política legítima.
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Que cualquier funcionario pueda insultar o denigrar públicamente sin enfrentar evaluación institucional porque grita “libertad de expresión”.
Ninguno es democrático. La respuesta adulta está en medio: libertad para disentir; responsabilidad por la conducta; investigación para separar el hecho probado del ruido político.
La universidad no puede educar con doble vara
Una universidad forma profesionales, docentes, investigadores y ciudadanos. No solo transmite contenido técnico. Enseña, mediante sus actos, qué tipo de convivencia considera aceptable.
Por eso este caso importa.
Si la UCR concluye, tras investigar, que las declaraciones no cruzaron ninguna norma, debe explicarlo con claridad. Si concluye que sí hubo una falta, debe sancionarla con coherencia. Lo que no puede hacer es esconderse bajo el silencio y esperar a que la polémica muera.
Porque entonces el mensaje será devastador: el respeto solo es obligatorio para quienes no pertenecen al círculo ideológico correcto.
Una UCR que defiende libertad de cátedra debe defender también estándares éticos. Una UCR que protege pensamiento crítico debe poder distinguir entre argumento y ataque personal. Una UCR que presume de formar ciudadanía no puede normalizar que quienes educan recurran a la degradación cuando se les acaba el argumento.
El estándar debe servir para todos
No hace falta apoyar a Laura Fernández para rechazar expresiones denigrantes contra ella. No hace falta coincidir con el gobierno para pedir a la UCR que investigue. No hace falta ser oficialista para entender que una mujer presidenta no debe ser tratada con un lenguaje que infantiliza o rebaja.
La crítica democrática nunca pierde fuerza por ser respetuosa. Pierde fuerza cuando necesita insultar.
Diego Ugalde tiene derecho a defenderse, explicar sus palabras y aportar contexto. La UCR tiene el deber de investigarlo con imparcialidad. Y Costa Rica tiene derecho a una respuesta que no dependa de ideologías, amistades universitarias ni reflejos de tribu.
Si se comprueba una infracción grave, la UCR debe aplicar la sanción que corresponda, incluso la separación del cargo si la normativa y la gravedad del caso lo justifican. Pero primero, que investigue. Con hechos. Con expediente. Con derecho de defensa. Y sin la cobardía institucional de hacerse la distraída.
Mi posición personal
Mi posición personal es clara: si la investigación confirma que Diego Alexánder Ugalde Fajardo realizó las expresiones públicas atribuidas a él y que estas vulneran los deberes éticos y profesionales exigibles a un docente de la Universidad de Costa Rica, debería ser separado de su cargo.
No lo digo porque deba existir censura política ni porque un profesor no pueda cuestionar al Gobierno. Todo funcionario universitario tiene derecho a disentir, protestar y criticar a la Presidencia. Pero la libertad de expresión no convierte el insulto o la degradación personal en conducta ejemplar, menos cuando proviene de alguien cuya función incluye educar y representar estándares profesionales ante estudiantes.
La UCR no puede exigir respeto, pensamiento crítico y convivencia democrática a su comunidad mientras tolera que un integrante de su personal use el debate público para rebajar a una mujer presidenta. Si los hechos se comprueban y la normativa institucional determina que hubo una falta grave, mi opinión es que la sanción adecuada debe ser el despido. No por su postura política, sino por la manera en que decidió expresarla.
La universidad tiene el deber de investigar con imparcialidad, garantizar defensa y resolver con pruebas. Pero una vez comprobados los hechos, también tiene el deber de actuar. La excelencia académica no se puede reducir a títulos, publicaciones o cargo institucional: incluye responsabilidad ética y respeto básico en la vida pública. Ugalde figura oficialmente como investigador de CITIC y profesor interino de la UCR; por eso el estándar aplicable no puede ser el de un usuario anónimo en redes.citic.
Mi opinión editorial es simple: si un docente no puede sostener una crítica política sin recurrir a expresiones degradantes, no debería tener el privilegio de formar estudiantes desde una universidad pública. La UCR cuenta con procedimientos disciplinarios diseñados para investigar hechos y respetar el debido proceso; que los use, que decida con transparencia y que no convierta la libertad de expresión en una excusa para la impunidad.
