Si en Costa Rica la corrupción tuviera color oficial, llevaría décadas vistiéndose de verde.
Por eso resulta casi cómico, si no fuera tan peligroso, ver al PLN poniendo cara de guardián democrático mientras señala a la Presidente electa como amenaza autoritaria y fabrica titulares de “mentiras”, “pánico” y “alta traición”.
No hablo solo de percepciones.
Hablo de un partido con medio siglo de casos de corrupción documentados, que hoy pretende dar lecciones de ética y de amor a las libertades, mientras alimenta relatos de miedo contra un gobierno que ganó con mayoría clara.
Corrupción estructural, no anécdotas aisladas
La lista es larga y conocida.
Desde el caso Crucitas hasta las redes alrededor de la Caja Costarricense del Seguro Social, buena parte de los escándalos de alto perfil tiene apellidos vinculados al viejo bipartidismo. El caso Caja Fischel, por ejemplo, terminó con la condena de un expresidente por desvío de recursos ligados a un préstamo para equipos médicos. Investigaciones posteriores documentaron el papel de empresarios y operadores políticos que usaron la CCSS como caja de negocios privados.
No fue un error aislado.
Estudios sobre contratación pública muestran patrones de concentración y opacidad que se repiten en gobiernos de las mismas siglas, donde empresas cercanas capturaron contratos millonarios por servicios tan básicos como almacenamiento de medicamentos. La ANEP ha señalado cómo ese ecosistema permitió “negocios predilectos” alrededor de la Caja y otras instituciones.
Durante esas décadas, el discurso dominante era que la democracia costarricense era ejemplar, que el modelo funcionaba, que el problema eran “manzanas podridas”.
Hoy, los mismos que pedían paciencia frente a pruebas concretas de corrupción se rasgan las vestiduras por propuestas de reforma institucional que ni siquiera se han presentado formalmente como proyectos.
De los negocios con el Estado a la guerra sucia contra la Presidente
En esta campaña, el PLN apostó por un libreto simple.
Si no podían ganar por resultados, intentarían ganar por miedo. El eje fue etiquetar a la Presidente electa como autoritaria. Cualquier mención a estados de excepción acotados, uso de mapas de calor o reformas para agilizar decisiones se vendió como antesala de dictadura.
En paralelo, se usó a figuras “técnicas” y opinadores aliados para repetir tres ideas:
-
Que la candidata mentía en debates y huía de la prensa, aunque luego las urnas mostraron que la supuesta “destrucción” en redes no se tradujo en rechazo real.
-
Que su plan de seguridad era incompatible con la democracia, ignorando que la propia Constitución prevé herramientas especiales con control legislativo.
-
Que cualquier revisión al poder de órganos como Sala IV, Contraloría o TSE era un ataque al Estado de derecho, como si esos órganos no hubieran tenido sesgos claros en el pasado.
Mientras tanto, silencian el expediente de favores políticos dentro del propio aparato estatal.
El caso reciente del jefe de fracción liberacionista con plaza de director en AyA, creado y mantenido como cochera de lujo, es solo un ejemplo de cómo el partido ha sabido colonizar instituciones y usar la autonomía para proteger privilegios. Cuando alguien se atreve a tocar esas estructuras, el relato se vuelve “persecución”.
Mentiras de campaña y miedo como estrategia
La campaña contra la Presidente no se limitó a señalar riesgos.
Se afirmaron cosas directamente falsas o, en el mejor de los casos, maliciosamente incompletas.
Cuando se habló de reelección y reformas, se insinuó que el oficialismo quería copiar un modelo de poder total al estilo Bukele, aunque no existiera un solo proyecto de ley aprobado en esa línea. Se comparó la intención de usar estados de excepción dentro de los cauces constitucionales con golpes a la democracia, como si países serios no tuvieran figuras similares para enfrentar crimen organizado.
Al mismo tiempo, se olvidó convenientemente que durante la pandemia el gobierno PAC, con respaldo legislativo de los mismos círculos, restringió de forma durísima derechos básicos: movilidad, actividad económica, reuniones sociales. No hubo entonces acusaciones de “alta traición”. Hoy, la sola discusión de herramientas legales se presenta como fin del mundo.
Todo esto se empaqueta en titulares y columnas donde se repite que la Presidente “mintió”, “evadió” o “manipuló”.
Sin embargo, al revisar su primer discurso después de la victoria, su mensaje fue explícito: “No voy a permitir nunca el autoritarismo ni la arbitrariedad en Costa Rica”. Que un partido con ese historial de captura estatal intente presentarse como muro contra el autoritarismo roza lo grotesco.
La Fiscalía ausente cuando las amenazas vienen del lado correcto
Otro componente del juego es el manejo de la violencia política.
Cuando las amenazas de muerte vienen contra figuras asociadas al Gobierno Jaguar, la reacción institucional suele ser lenta y limitada. El caso de la mujer detenida por videos contra la Presidente fue tratado como excepción, no como regla. En cambio, el discurso público insiste en pintar a los simpatizantes del oficialismo como los “violentos”.
El doble estándar es claro.
Si un comentario agresivo lo hace alguien del círculo opositor, se lee como catarsis. Si lo hace alguien pro gobierno, es prueba de que el proyecto es peligroso. Esta asimetría, amplificada por medios alineados, refuerza la idea de que hay vidas y reputaciones más protegidas que otras.
Por qué no podemos seguir comprando este guión
No se trata de canonizar a la Presidente ni de negar riesgos reales.
Toda concentración de poder merece vigilancia. Pero esa vigilancia pierde credibilidad cuando proviene de un partido con décadas de corrupción documentada, pactos oscuros con el gran negocio público y un papel central en el bipartidismo que cerró la puerta a cualquier alternativa durante medio siglo.
La discusión que Costa Rica necesita no es si el PLN es corrupto y no tiene credibilidad alguna, eso ya lo sabemos.
Es si estamos dispuestos a seguir dejando que quienes usaron el Estado como finca privada sigan dictando quién es demócrata y quién no. El 2026 ya dio una respuesta en las urnas. La pregunta ahora es si la ciudadanía va a mantener esa lucidez cuando vuelvan las campañas de miedo.
Te invito a que la próxima vez que veas un discurso del PLN sobre “autoritarismo” y “defensa de la democracia” te hagás una sola pregunta simple:
¿esta gente está cuidando tus libertades o está cuidando la red de privilegios que construyó durante 70 años?
#CostaRica #CorrupciónPolítica #PLN #LauraFernández #OpiniónCrítica
