La prensa canalla y su cuento del “periodismo independiente”

Cada vez que un medio tradicional en Costa Rica se ve cuestionado, saca su libreto favorito: “estamos siendo perseguidos”, “esto es autoritarismo”, “esto es como Venezuela”. Qué conveniente. Nadie les pregunta por qué durante años se les acusó de simular ventas de rotativas para no pagarle un colón al fisco, o por qué el Grupo Nación terminó pagando más de ¢3.000 millones al Ministerio de Hacienda para “cerrar una controversia” que ellos mismos juran que nunca existió. Ah, pero eso sí: cuando el Gobierno les cierra un negocio de eventos por incumplir normas sanitarias, ahí sí es un ataque a la democracia. Media verdad es mentira, y en la prensa canalla eso es religión.

El resumen de sus mentirotas y medias verdades

Vamos al grano. Aquí la lista de cómo la “prensa seria” costarricense exagera, retuerce y omite para vender el relato de la persecución:

• Presentan cada roce del Ejecutivo con un medio como “ataque a la libertad de prensa”, pero no explican con el mismo detalle sus propios líos tributarios.
• Hablan de “guerra sucia contra la prensa” citando medios internacionales, como si un artículo extranjero fuera un oráculo neutral y no pudiera reproducir la narrativa que los propios medios locales ya alimentaron.
• Usan el fallo de la Sala IV sobre Parque Viva como bandera de “libertad de expresión”, omitiendo que el cierre se originó en una orden sanitaria asociada con presas, tránsito y aglomeraciones después de eventos masivos.
• Repiten hasta el cansancio que fueron llamados “prensa canalla”, pero rara vez someten a la misma revisión sus líneas editoriales, sus intereses empresariales o sus relaciones históricas con el establishment político.
• Presentan pronunciamientos de exmandatarios como un consenso moral definitivo, cuando también puede leerse como el reflejo de una red política tradicional que se protege a sí misma.
• Convierten toda crítica presidencial en “discurso estigmatizante”, como si los medios estuvieran por encima de toda crítica pública, aun cuando cuestionan diariamente a gobiernos, ministros y adversarios.

Media verdad es mentira. Y una media verdad repetida con un titular elegante sigue siendo mentira, aunque venga impresa en papel caro o se lea desde un set de televisión.

La Nación no es una víctima fiscal

Si algo hay que decirle claro al lector es esto: La Nación no puede presentarse como una inocente víctima institucional sin que se recuerde su propia historia tributaria. En 2014 salió a la luz una controversia sobre una supuesta estructura de compraventa de rotativas depreciadas: de acuerdo con la acusación fiscal citada en investigaciones posteriores, se habría simulado una venta a una sociedad vinculada familiarmente y luego otra operación, generando una ganancia que Tributación consideró susceptible de impuesto. La maquinaria, según se reportó entonces, no habría salido de las instalaciones de Llorente de Tibás.

El caso no es un rumor de redes. El Grupo Nación informó un acuerdo con Hacienda que totalizó ¢3.181.915.152, sumando una compensación de pagos, para finalizar el diferendo. Sus representantes sostuvieron que la defraudación fiscal no fue comprobada. Esa precisión importa: no corresponde afirmar como hecho una condena que no existió. Pero tampoco corresponde borrar el dato central: hubo una disputa grave con Hacienda y un pago multimillonario para cerrarla. Qué casualidad que, cuando se trata de otros, un indicio basta para abrir portadas durante semanas; cuando se trata de la empresa periodística, de pronto todo se vuelve un matiz técnico.

Este es el mismo conglomerado que hoy se rasga las vestiduras hablando de “instituciones perseguidas”. Mientras exige transparencia máxima al Estado, tiene el deber de ofrecer la misma apertura sobre sus propios negocios, sus arreglos fiscales y sus conflictos de interés. Eso no es pedir censura; es pedir simetría. Una prensa que vigila al poder debe aceptar ser vigilada. De lo contrario, no es un contrapoder: es otro poder defendiendo su caja registradora.

Prensa Canalla en Costa Rica y el Negocio de la Media Verdad

Y allí aparece el PLN como paisaje histórico, no como conspiración de novela barata. Durante décadas, el poder político tradicional, grandes grupos empresariales y medios influyentes convivieron dentro de un ecosistema donde los privilegios rara vez se examinaban con el entusiasmo reservado para el adversario de turno. No hace falta afirmar que cada periodista recibe órdenes partidarias para observar algo más sencillo: los marcos editoriales, las omisiones y las prioridades informativas suelen favorecer el statu quo que esos grupos ayudaron a construir.

Parque Viva y la contorsión constitucional

El caso de Parque Viva merece una lectura menos emocional y más completa. En julio de 2022, el Ministerio de Salud ordenó su cierre luego de alegar problemas relacionados con tráfico y aglomeraciones alrededor de eventos masivos en La Guácima. Posteriormente, la Sala Constitucional anuló la orden sanitaria tras acoger un recurso interpuesto por periodistas de La Nación, al concluir por mayoría que el cierre constituía una afectación indirecta a la libertad de expresión.

La Sala IV tiene autoridad para resolver recursos y su sentencia es una realidad jurídica. Pero una sentencia no convierte automáticamente en fantasía los problemas de tránsito, seguridad y convivencia vecinal que motivaron la intervención. El fallo se puede respetar y, al mismo tiempo, cuestionar políticamente: ¿por qué un conflicto sanitario y logístico terminó absorbido por completo por el marco de libertad de prensa? ¿Por qué el interés empresarial de un grupo mediático fue tratado como inseparable del derecho ciudadano a recibir información?

La magistrada Anamari Garro Vargas votó de forma distinta en una parte relevante: consideró que la discusión sobre la anulación de la orden sanitaria no procedía por la vía constitucional. Esa disidencia es importante porque demuestra que el tema no era tan blanco y negro como lo vendieron los titulares victoriosos. Pero claro: “la Sala falló seis a uno” funciona mejor para el relato. Preguntar por las externalidades del Parque Viva —presas, ambulancias atrapadas, vecinos afectados— es menos heroico que posar como mártir de la libertad de prensa.

Periodistas, medios y oposición

No es serio afirmar, sin pruebas específicas, que periodistas individuales actúan bajo órdenes del PLN. Tampoco es serio fingir que no existen líneas editoriales, afinidades políticas y patrones de cobertura. El periodismo no nace en una burbuja de pureza angelical; lo hacen personas con intereses, amistades, valores, carreras e ideologías.

• Álvaro Murillo, periodista del Semanario Universidad y corresponsal de El País, ha mantenido una cobertura crítica del gobierno de Rodrigo Chaves. El Ejecutivo lo ha acusado de querer afectar la imagen internacional del país.
• Juan Diego Córdoba, reportero de Casa Presidencial de La Nación, fue señalado directamente por Rodrigo Chaves a raíz de su cobertura sobre Parque Viva. Ese episodio refleja la relación abiertamente hostil entre el Gobierno y el periódico.

En el plano político, Claudia Dobles ha sido una crítica frecuente de la administración de Rodrigo Chaves y de la presidenta Laura Fernández. Ha cuestionado nombramientos, seguridad y propuestas tributarias, usando un lenguaje duro sobre “show”, “venta de humo” y ausencia de resultados. Tiene todo el derecho a ejercer control político. Pero el derecho a criticar no trae, de fábrica, una medalla de neutralidad. La oposición también hace cálculo, también escoge qué indignación amplificar y también intenta capitalizar cada error del Ejecutivo.

Esto no implica atacar a Carlos Alvarado ni reescribir su administración como tema central de este artículo. El punto es más básico: no existe un polo moralmente puro en la política costarricense. Y cuando una parte se proclama defensora absoluta de la institucionalidad mientras otra es presentada como barbarie sin matices, lo sensato es revisar quién financia, quién publica, quién hereda privilegios y quién se beneficia del relato.

La canalla no es quien critica: es quien esconde la mitad

La crítica a Rodrigo Chaves o a Laura Fernández puede ser legítima, necesaria y hasta urgente cuando existan hechos que la sostengan. La libertad de prensa no se negocia. Pero tampoco se negocia el derecho de la ciudadanía a exigir rigor, contexto y transparencia a los medios que se erigen como árbitros de la verdad nacional.

La prensa canalla no es la que critica al poder. Es la que olvida informar sobre su propio poder. Es la que llama “persecución” a toda fiscalización incómoda, “autoritarismo” a toda respuesta dura y “defensa de la democracia” a la preservación de sus ingresos. Es la que editorializa como si fuera neutral, pero esconde sus deudas, sus intereses y sus alianzas bajo el tapete de la respetabilidad.

La Costa Rica que necesita una prensa libre también necesita una prensa que soporte el mismo escrutinio que exige. Porque una democracia no mejora cambiando una propaganda oficial por una propaganda empresarial. Y porque, al final, la media verdad no es media información: es una mentira con mejor departamento de comunicaciones.