Dicursos vacíos: Hoy la oposición descubrió que existen las libertades individuales.
Lo curioso es que muchos de los que hoy se escandalizan por un posible estado de excepción aplaudieron, hace apenas cuatro años, cierres totales, redadas sanitarias y toques de queda de facto durante la pandemia.
Si trabajás en marketing o negocios, esto te suena familiar.
Cuando un competidor pierde mercado, casi nunca reconoce que la gente dejó de creerle. Culpa al algoritmo, al contexto, a la “desinformación”. En política está pasando lo mismo. Vemos una oposición que perdió el control del relato y que ahora se disfraza de defensora de derechos, mientras omite su propio historial de restricciones y de pactos con el poder.
Por qué este debate importa más allá de la ideología
No se trata solo de simpatizar o no con la Presidente Electa.
Se trata de entender quiénes han podido imponer narrativas durante décadas y cómo eso influye en decisiones reales, desde políticas públicas hasta inversión privada.
Entre 1953 y principios de los 2000, el PLN y el PUSC se alternaron el poder casi como un reloj, en un esquema de bipartidismo hegemónico documentado por la propia academia. Para mucha gente eso fue estabilidad. Para otra, fue una dictadura tácita de colores intercambiables. La diferencia no es semántica, es vivencial. Si siempre son los mismos los que deciden, el voto se convierte en cambio de gerente, no de modelo.
En 2020 llegó la pandemia y el aparato institucional mostró de qué lado estaba.
El gobierno PAC, con apoyo legislativo de las fuerzas tradicionales, aplicó restricciones vehiculares diurnas y nocturnas, cierres de comercios, prohibición de conciertos y eventos, limitación de uso de playas y hasta horarios específicos para circular según número de placa. El Estado de la Nación identificó que Costa Rica estuvo en el grupo de países con medidas sanitarias consideradas “muy restrictivas”, con cierres amplios de actividades sociales y económicas.
En ese momento, casi nadie en el establishment habló de “alta traición” ni de dictadura sanitaria.
La narrativa dominante era otra: responsabilidad, ciencia, solidaridad. Y a quien cuestionaba el exceso se le colgaba la etiqueta de irresponsable.
Libertades individuales según el color del gobierno
Ahora, con un gobierno distinto y un partido nuevo con mandato fuerte, el discurso cambió de golpe.
Cuando Laura Fernández plantea la posibilidad de usar figuras constitucionales como estado de excepción acotado para enfrentar el sicariato, lo que propone es un instrumento previsto en la Constitución, sujeto a voto de 38 diputados, con límites temporales y geográficos claros. Es una caja de herramientas, no un cheque en blanco.
Sin embargo, figuras como Álvaro Ramos salen a decir que suspender garantías individuales en cualquier circunstancia es “alta traición” y que ni un bus lleno de muertos justificaría esa medida. La frase es perfecta para titular, pero desconecta por completo de la realidad jurídica. Las constituciones modernas contemplan estados de excepción precisamente para escenarios extremos, con controles y plazos.
La ironía es evidente:
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Cuando el gobierno es amigo, cierres masivos y restricciones nocturnas se venden como responsabilidad.
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Cuando el gobierno es rival, incluso discutir herramientas legales se convierte en amenaza de dictadura.
Como estrategas de negocio, sabemos que un cambio de criterio tan brusco casi nunca es ética pura. Es cálculo de poder.
Prensa canalla, pauta pasada y favores presentes
Otro nivel del relato es el mediático.
Hoy muchos editorialistas hablan de los peligros de una “prensa alineada al oficialismo” y de “favores políticos” a creadores de contenido. Lo hacen como si la prensa tradicional hubiera vivido en monasterio laico los últimos treinta años.
Los datos dicen otra cosa.
Informes oficiales sobre publicidad estatal muestran que, durante años, la pauta pública se concentró en unas pocas televisoras, radios y periódicos, con decenas de miles de millones de colones invertidos en ese ecosistema. No era un delito, pero sí generó una relación simbiótica entre gobiernos tradicionales y medios. Criticar con fuerza al PLN o al PAC tenía un costo. Apoyarlos, o al menos suavizar el golpe, era un buen negocio.
Ahora ese mismo ecosistema acusa de “clientelismo mediático” a cualquier medio digital o creador que simpatice con el gobierno, aunque no reciba ni una fracción de esa pauta. Es el viejo privilegio hablándole al nuevo competidor y llamándolo vendepatria.
Mientras tanto, las amenazas de muerte contra figuras pro gobierno se minimizan.
Vimos cómo una mujer fue detenida por videos contra la Presidente Electa, lo cual es correcto cuando hay amenazas explícitas. Pero el hostigamiento constante contra personas que apoyan al gobierno raras veces genera titulares ni reacciones firmes de la Fiscalía. En redes, la etiqueta de “violento” se reserva muchas veces para el oficialista, incluso cuando la violencia discursiva viene del otro lado.
Como experto en marketing, esto me recuerda cuando una marca dominante se queja de la supuesta “publicidad engañosa” de un competidor emergente, mientras oculta campañas propias mucho más agresivas en el pasado.
Dicursos vacíos: Qué hacemos con esta ironía si trabajamos con marcas
No podemos “arreglar la democracia”, pero sí podemos decidir qué relatos amplificamos desde nuestras plataformas.
Algunas preguntas útiles, tanto para política como para marketing:
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¿Quién se beneficia económicamente si esta narrativa se consolida?
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¿Cómo actuaron estas mismas voces cuando el poder estaba de su lado?
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¿Qué datos respaldan lo que dicen o es solo emoción envuelta en lenguaje jurídico?
Si empezamos a aplicar el mismo rigor que usamos para evaluar una fuente de tráfico o un estudio de mercado a los discursos políticos y mediáticos, bajamos el riesgo de ser eco gratis de relatos diseñados desde la nostalgia y el miedo.
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