Golpe de Estado en Costa Rica

Cómo Cuatro Magistrados Se Rebelaron Contra la Constitución y el Poder Legislativo

Costa Rica, el país que se enorgullece de vender al mundo la imagen de estabilidad democrática ejemplar en Centroamérica, acaba de presenciar algo que hasta hace pocos días parecía impensable: cuatro magistrados de la Sala Constitucional decidieron, por sí y ante sí, prorrogarse el poder de mantener en funciones a magistrados suplentes cuyo período había vencido, sin el permiso ni la aprobación de la única entidad constitucionalmente facultada para hacerlo: la Asamblea Legislativa.

No es una opinión mía dicha con adjetivos gruesos. Es, literalmente, lo que dice la Presidente de la República. Laura Fernández fue clara y contundente: “Esto es ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados.”

Cuando la Jefe de Estado usa esas palabras exactas, con ese nivel de gravedad institucional, no estamos ante un desacuerdo técnico entre poderes. Estamos ante la constatación pública de que el orden constitucional costarricense fue vulnerado por quienes deberían ser sus guardianes más estrictos.

Los Hechos: Lo Que Realmente Pasó

El jueves 30 de julio, por cuatro votos a favor y tres en contra, la Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo presentado por un ciudadano y ordenó prorrogar los nombramientos de sus propios magistrados suplentes, vencidos desde el 16 de diciembre de 2025. No hablamos de un vencimiento reciente ni de una sorpresa de última hora. Hablamos de siete meses de vacío legal que la propia Sala decidió resolver auto-adjudicándose una potestad que la Constitución reserva de manera explícita al Poder Legislativo.

Los magistrados señalados por el propio Gobierno como responsables de esta resolución son Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García. La Asamblea Legislativa, encabezada por su presidenta Yara Jiménez, anunció que presentará una querella por prevaricato contra los cuatro, calificándolos abiertamente de “magistrados golpistas.”

La resolución no se limitó a prorrogar cargos. También anuló los acuerdos legislativos que buscaban devolver la lista de candidatos presentada por la Corte, y ordenó al Congreso continuar el proceso de elección con la misma nómina remitida por el Poder Judicial. Es decir: la Sala no solo se prorrogó poder a sí misma, sino que le dictó al Poder Legislativo qué hacer con su propia potestad constitucional de nombramiento.

Los Artículos Violentados: No Es Interpretación, Es Letra Constitucional

El Gobierno no lanzó esta acusación al aire. La fundamentó en artículos específicos de la Constitución Política que, según el Ejecutivo, fueron vulnerados de forma “categórica”:

Artículo 9, que consagra la separación de poderes como principio fundamental del sistema democrático.
Artículo 121, incisos 3 y 20, que otorga al Poder Legislativo la competencia exclusiva para el nombramiento y destitución de magistrados.
Artículo 158, que establece que los magistrados de la Corte Suprema serán elegidos por un período de ocho años, no por períodos antojadizos ni discrecionales dictados por la propia Corte.
Artículo 164, que reserva exclusivamente a la ley —no a una sentencia judicial autorreferente— la potestad de fijar el período y condiciones de magistrados propietarios y suplentes.

Súmele los artículos 11, 154 y 157, también citados en el comunicado oficial. No es un solo artículo mal interpretado. Es un bloque completo del andamiaje constitucional que, según la tesis del Ejecutivo, fue perforado de un solo golpe de resolución judicial.

El Argumento de los Magistrados: ¿Necesidad o Excusa?

En honor a la precisión periodística, hay que decir lo que los propios magistrados alegan en su defensa: sostienen que actuaron para evitar la paralización total de la Sala Constitucional, que desde diciembre de 2025 opera sin magistrados suplentes, acumulando 123 expedientes pendientes de resolución, muchos vinculados a recursos de amparo, hábeas corpus y protección de derechos humanos.

La Asamblea Legislativa, dominada por la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano, ha devuelto la lista de candidatos a suplentes en tres ocasiones distintas y ha fracasado en nueve rondas de votación consecutivas, sin lograr los 38 votos necesarios para designar a ninguno de los postulados. Desde octubre de 2025, cuando el Congreso recibió la nómina, no ha resuelto el problema.

El magistrado Jorge Araya fue tajante en su contraataque: “El proceso de desmontaje del Poder Judicial ya comenzó (…). En el pasado, las democracias terminaban con golpes de Estado; hoy, terminan con golpes presupuestarios. ¿Hacia dónde estamos caminando? Hacia un autoritarismo.” El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, fue igual de directo: “¿Cómo puede el Gobierno hablar de golpe de Estado, cuando es él quien intenta paralizar y sabotear el Poder Judicial al no nombrar magistrados?”

Por Qué Esto Sigue Siendo un Golpe, Aunque Haya “Justificación”

Aquí está el punto que no se puede diluir con matices técnicos: la urgencia no otorga competencia. Ninguna crisis operativa, sin importar cuán real sea, le da a un tribunal la potestad de arrogarse funciones constitucionales que no le pertenecen. Si la Sala Constitucional consideraba que existía un vacío insostenible, el camino constitucionalmente correcto era declarar la inconstitucionalidad por omisión del Congreso, exhortarlo con plazos perentorios, o activar mecanismos de presión institucional dentro del marco de sus competencias reales.

Lo que hizo, en cambio, fue autoconcederse la facultad de decidir quién ejerce la magistratura y por cuánto tiempo, exactamente la potestad que el artículo 121 reserva en exclusiva al Poder Legislativo. Ese es el corazón del escándalo: no importa cuán noble sea la intención declarada, cuando un poder del Estado se autoasigna competencias que la Constitución reserva a otro poder, eso no es interpretación jurídica. Es usurpación de funciones. Y usurpación de funciones, ejercida desde dentro del propio aparato estatal, es la definición técnica de un golpe institucional.

La sofisticación del golpe está justamente ahí: no hubo tanques en las calles ni toma de canales de televisión. Hubo una sentencia, redactada con lenguaje jurídico impecable, votada 4 a 3, que en la práctica logró lo mismo que cualquier golpe clásico busca: que un poder se apropie de las atribuciones de otro sin pasar por las urnas ni por el debido proceso legislativo.

El Peligroso Precedente: Cuando la Justicia Se Convierte en Legislador

Lo verdaderamente alarmante no es solo el hecho puntual, sino el precedente que sienta. Si cuatro magistrados pueden decidir, por mayoría simple de un tribunal de siete integrantes, prorrogarse a sí mismos y a sus suplentes indefinidamente “hasta que el Congreso decida”, ¿qué le impide a cualquier otro tribunal, en cualquier otro contexto, hacer exactamente lo mismo cada vez que considere que el Poder Legislativo “no está cumpliendo su deber” a la velocidad que a ellos les parece adecuada?

Esa es la pendiente resbaladiza que la presidenta Fernández señala cuando habla de un “régimen donde se otorgan poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional.” Si el Poder Judicial puede autoextenderse mandatos cuando lo considere necesario, la separación de poderes deja de ser un principio y se convierte en una sugerencia, aplicable solo cuando le conviene a quien tiene la toga puesta.

Además, hay un dato que agrava el cuadro: la resolución no solo prorrogó cargos, sino que anuló decisiones legislativas previas y le impuso al Congreso trabajar con una nómina específica. Eso no es resolver un vacío administrativo. Eso es un tribunal dictándole al Legislativo cómo legislar, qué votar y con qué insumos hacerlo. Si eso no es una fractura de la división de poderes, la palabra “fractura” no significa nada.

El Trasfondo: Una Guerra Institucional Que Lleva Meses Gestándose

Este episodio no cae del cielo. Desde que asumió en mayo de 2026, la presidenta Fernández ha mantenido un enfrentamiento constante con el Poder Judicial, acusándolo de estar “infiltrado por el crimen organizado” y de bloquear políticas de mano dura inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. El Ejecutivo ha impulsado recortes presupuestarios al Poder Judicial para 2026 y 2027, y ha propuesto que sea el Congreso, no la Corte Suprema, quien nombre al fiscal general

El Poder Judicial, por su parte, ha calificado esos recortes como una amenaza a los controles democráticos y ha acusado al Gobierno de intentar debilitar la independencia judicial por la vía presupuestaria. En ese contexto de guerra abierta entre poderes, la resolución de la Sala Constitucional no puede leerse de forma aislada: es un movimiento más dentro de una disputa de poder que lleva meses escalando, y que ahora ha cruzado la línea de lo simbólico hacia lo estrictamente constitucional.

Lo Que Viene: Querellas, Procesos Penales y un País Fracturado

El próximo lunes, la Asamblea Legislativa presentará formalmente la querella por prevaricato contra los cuatro magistrados señalados, ante la Secretaría de la Corte Plena. Adicionalmente, se ha anunciado la apertura de hasta 31 procesos penales contra diputados por presunto incumplimiento de la orden emitida por la propia Sala. Es decir: mientras el Ejecutivo acusa al Judicial de golpismo, el Judicial responde con procesos penales contra los mismos diputados que se niegan a acatar su resolución.

El resultado es un país donde dos poderes del Estado se acusan mutuamente, con toda la artillería legal disponible, de intentar destruir el orden constitucional. La oposición, representada por figuras como la exvicepresidenta Claudia Dobles, ha respaldado a la Sala Constitucional, argumentando que es el Congreso el que ha incumplido su deber al bloquear nueve rondas de votación consecutivas.

Cualquiera que sea el desenlace legal de las querellas, el daño institucional ya está hecho. Costa Rica, que construyó su identidad internacional sobre la solidez de su Estado de derecho, se encuentra hoy en un escenario donde el propio Poder Judicial es acusado, por la más alta autoridad del Ejecutivo, de perpetrar un golpe de Estado. Que esa acusación provenga precisamente de la presidenta de la República, y no de un comentarista de redes sociales, es lo que convierte este episodio en algo que Costa Rica no puede simplemente dejar pasar como una disputa técnica más entre poderes.