Genocidio en Gaza, doble rasero occidental y la hasbara judía
La columna de Jaime Ordóñez, El lado correcto de la historia, incomoda porque tiene razón en lo fundamental. No porque sea perfecta en cada adjetivo o en cada cifra, sino porque se atreve a decir en voz alta lo que el establishment mediático y político occidental lleva más de dos años envolviendo en eufemismos, silencios cómplices y whataboutism profesional: lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, hay un aparato de propaganda diseñado para impedirte verlo con claridad, y quienes lo operan saben exactamente lo que están haciendo.
La respuesta del judío Stern, titulada sobre la “indignación selectiva”, es una pieza bien construida de ese aparato. No porque el sionista Stern mienta deliberadamente en cada frase; una buena pieza de propaganda raramente lo hace. Miente por selección, por énfasis, por lo que omite, y sobre todo por el trabajo que le encarga al lector: convencerlo de que criticar profundamente la política del Estado israelí es, en el fondo, una forma disfrazada de prejuicio. Ese es el mecanismo central de la hasbará, la estrategia de comunicación oficial del Estado de Israel, y merece ser llamado por su nombre.
Lo que los hechos dicen, sin mediación
Antes de entrar en el análisis retórico, conviene sentar los datos. Porque uno de los recursos favoritos de la propaganda judía es mover el debate tan rápido hacia el terreno de las narrativas que los hechos concretos quedan sepultados bajo capas de “contexto”.
Al 3 de octubre de 2025, el Ministerio de Salud de Gaza reportaba 67,075 muertos y 169,430 heridos, para un total de 236,505 personas, en una franja de aproximadamente 2.2 millones de habitantes antes del conflicto. Eso equivale a más del 10% de la población total directamente muerta o herida. Y los expertos en salud pública advierten que esa cifra es muy probablemente un subconteo significativo de las muertes reales, dado el colapso del sistema de salud y las miles de personas sepultadas bajo escombros que nunca fueron registradas.
En cuanto a la potencia destructiva, el Profesor Emérito Paul Rogers de la Universidad de Bradford —uno de los expertos en seguridad internacional más respetados del Reino Unido— calculó que la cantidad total de explosivos lanzados sobre Gaza alcanza aproximadamente 70,000 toneladas, lo que equivale al poder destructivo de seis bombas de Hiroshima. Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados. Hiroshima tenía 900. Es decir: más poder de destrucción por unidad de superficie que la bomba atómica que borró del mapa una ciudad japonesa en 1945. Según Euro-Med Human Rights Monitor, ese arsenal supera el total de bombas lanzadas sobre Dresde, Hamburgo y Londres combinados durante la Segunda Guerra Mundial.
Esos no son datos de “fuentes parciales”. Son datos cruzados entre organismos humanitarios, institutos universitarios y las propias declaraciones del ejército israelí, que admitió haber lanzado 6,000 bombas en los primeros cinco días del conflicto, a razón de una por minuto.
La Corte Internacional de Justicia y el umbral del genocidio
El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó medidas provisionales en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel por violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. La Corte, con mayoría de 15 de 17 jueces, ordenó a Israel tomar todas las medidas a su alcance para prevenir actos de genocidio, evitar la incitación al genocidio y garantizar el acceso humanitario.
El lenguaje del fallo es preciso: la Corte encontró que los derechos de los palestinos en Gaza a ser protegidos de actos de genocidio eran “plausibles” y que existía riesgo “inminente e irreparable” de daño. No es un fallo definitivo sobre culpabilidad, porque esos procesos toman años. Pero es la más alta instancia judicial internacional del mundo diciendo formalmente que lo que ocurre en Gaza tiene suficiente credibilidad como genocidio como para ordenar medidas de emergencia.
Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y la Relatora Especial de la ONU Francesca Albanese publicaron análisis independientes en la misma dirección. El informe de Albanese de marzo de 2024, titulado “Anatomía de un genocidio”, concluye que “existen razones fundadas para creer que el umbral indicativo de la comisión del crimen de genocidio ha sido alcanzado”. Un segundo informe, publicado en octubre de 2024 ante la Asamblea General de la ONU, describió el patrón como “genocidio como borrado colonial”, situándolo en el marco de un proceso de décadas de desplazamiento forzado y colonización.
Albanese, vale aclararlo, no es una activista con pasión por la causa palestina. Es una abogada internacional italiana, electa por los Estados miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para ese cargo. Su informe fue presentado ante ese mismo Consejo. Los hechos que documenta son públicos, verificables y están respaldados por organizaciones que operan sobre el terreno.
La arquitectura retórica de la hasbará judía
La hasbará zionista — término hebreo que literalmente significa “explicación” y que desde 2003 fue definido por el propio analista israelí Ron Schleifer como “un sinónimo de apariencia positiva para ‘propaganda'”— no es una operación clandestina. Es una política de Estado, financiada y organizada por la Oficina del Primer Ministro israelí, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad de Portavoz de las FDI y una extensa red de organizaciones civiles pro-israelíes en el exterior. Theodor Herzl ya la promovía en 1899. Nahum Sokolow le dio el nombre a principios del siglo XX.
En su forma contemporánea, la hasbará opera con un menú de recursos retóricos relativamente estable. El texto de Stern los despliega con claridad:
1. Deslegitimación del mensajero en lugar del mensaje. Cuando Ordóñez cita a Francesca Albanese, Stern la describe como “controversial”. No refuta sus datos, no cuestiona sus fuentes, no discute la metodología de su informe. La descalifica por su reputación. Es el ataque al mensajero clásico: en lugar de examinar si los hospitales fueron bombardeados, se discute si quien lo reporta es “parcial”. El problema es que Albanese presentó ese informe ante la ONU con fuentes verificables, y la Corte Internacional de Justicia llegó a conclusiones compatibles de manera independiente.
2. Whataboutism como evasión. Cada vez que el texto de Stern se acerca a Gaza, sale disparado hacia Hamás, Irán o Rusia. Por supuesto que esos actores cometen atrocidades, y nadie en la columna de Ordóñez lo niega. Pero señalar crímenes de Irán no elimina ni un solo cuerpo de los escombros de Rafah. El whataboutism es una técnica de evasión, no de análisis. Funciona convirtiendo una discusión sobre crímenes concretos y documentados en un concurso de “¿quién es peor?”, en el que nadie tiene que responder por nada específico.
3. Inmunidad moral por “democracia occidental”. Stern construye una narrativa de superioridad estructural: Israel tiene prensa libre, oposición política, ciudadanía crítica. Con eso pretende fabricar una especie de vacuna moral. El problema histórico con ese argumento es demoledor: las democracias occidentales han torturado sistemáticamente (EE.UU. en Abu Ghraib, Guantánamo), han invadido países soberanos sin mandato de la ONU (Irak, 2003), han bombardeado infraestructura civil. Tener elecciones no es un salvoconducto para el derecho internacional humanitario. Los crímenes de guerra se juzgan por los actos, no por el sistema de gobierno de quien los comete.
4. La acusación difusa de antisemitismo. Este es el movimiento más sofisticado y el más dañino. Stern no acusa directamente a Ordóñez de antisemitismo, pero desliza la sospecha. El mecanismo es conocido y documentado: convertir cualquier crítica profunda al Estado de Israel en una sospecha de odio al pueblo judío. De esa forma, el debate no se centra en si Israel bombardeó escuelas y hospitales, sino en si quien lo dice tiene prejuicios étnicos ocultos. La crítica queda neutralizada no por falsa, sino por “sospechosa”. Es una trampa intelectual que hace imposible cualquier análisis honesto.
5. El sionismo reducido a abstracción inocente. Stern rescata el sionismo como el simple “derecho del pueblo judío (jázaro) a la autodeterminación”. Lo que Ordóñez —y una parte sustancial de la comunidad internacional, incluyendo juristas judíos críticos— discute es cómo ese proyecto se ha materializado en la práctica: expulsiones masivas desde 1948 (la Nakba, documentada históricamente incluso por historiadores israelíes), ocupación ilegal de territorios desde 1967 según múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, asentamientos declarados ilegales por el mismo derecho internacional que Israel invoca para defenderse, apartheid según el propio informe de Amnistía Internacional de 2022, y ahora un bloqueo prolongado que Human Rights Watch ha definido como castigo colectivo.
El doble rasero que no tiene respuesta
El contraste entre la cobertura de Ucrania y la cobertura de Gaza en medios occidentales es uno de los fenómenos más documentados del periodismo reciente. Un estudio publicado en The Nation y analizado por Common Dreams mostró que CNN y MSNBC dieron a los palestinos en Gaza “una cobertura significativamente menos solidaria y humanizante que a los israelíes en el mismo período o a los ucranianos durante los primeros 100 días tras la invasión rusa”.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió los ataques rusos a infraestructura civil en Ucrania como “crímenes de guerra” y calificó el corte de agua, electricidad y calefacción como “actos de puro terror”. Esas mismas palabras nunca las usó cuando Israel declaró el bloqueo total de Gaza, cortando agua, alimentos, combustible y electricidad a 2.2 millones de personas. La Reina Rania de Jordania lo dijo con claridad en CNN: “El silencio es ensordecedor, y para muchos en nuestra región hace al mundo occidental cómplice.”
Un análisis académico comparativo publicado en 2024 examinó 49 artículos y 14 videos de BBC, CNN, Fox News y New York Times, y encontró “sesgo evidente en favor de Ucrania”, con los medios retratando consistentemente a Gaza como responsable de la crisis mientras presentaban a Ucrania como víctima que necesita asistencia urgente. Ese patrón no es accidental. Es el resultado de décadas de construcción de un marco narrativo en el que ciertas vidas cuentan más que otras según su utilidad geopolítica.
Lo que Ordóñez acierta al separar
Un punto crítico que el texto de Stern trabaja sistemáticamente para borrar es la distinción que Ordóñez traza con precisión: la diferencia entre el pueblo judío como comunidad histórica, cultural y religiosa, y el sionismo de extrema derecha contemporáneo como proyecto político específico con prácticas específicas.
Ordóñez menciona a Yitzhak Rabin y su asesinato a manos de un fanático israelí de extrema derecha. Eso no es un detalle menor. Es el recordatorio de que dentro del propio Israel existe —o existió— una tradición que apostaba por otra ruta. El asesino de Rabin, Yigal Amir, representaba exactamente la tendencia que hoy ocupa el poder en Israel: el maximalismo territorial religioso que considera que cualquier negociación con los palestinos es una traición.
Criticar a ese proyecto político no es odiar a los judíos. Es lo mismo que criticar al gobierno de Arabia Saudita sin odiar a los árabes o al islam, o criticar al gobierno de Myanmar sin odiar a los budistas. La conflación deliberada entre crítica al Estado israelí y antisemitismo es uno de los mecanismos más documentados de la hasbará, precisamente porque pone a quien critica en una posición defensiva y desplaza la conversación de los hechos hacia las intenciones.
Hay además una voz que la hasbará prefiere silenciar: la de los propios judíos críticos con el sionismo de extrema derecha. Organizaciones como Jewish Voice for Peace, If Not Now, o la propia corriente de “nuevos historiadores” israelíes (Ilan Pappé, Benny Morris en sus trabajos sobre la Nakba) han documentado y criticado las políticas de ocupación y expulsión desde adentro. El argumento de que criticar a Israel es antisemitismo se vuelve aún más difícil de sostener cuando quienes más duramente critican esas políticas incluyen a ciudadanos israelíes y judíos de la diáspora.
El “nunca más” no tiene código postal
La memoria del Holocausto es sagrada. La persecución histórica del pueblo judío es un hecho documentado, brutal y que merece toda la solidaridad humana. Nada de eso está en discusión.
Lo que sí está en discusión es si esa memoria autoriza al Estado de Israel a ejecutar políticas que organismos internacionales independientes califican como crímenes de guerra, apartheid y genocidio. La respuesta es no, y no lo es precisamente porque el principio del “nunca más” fue construido como universal. No como un privilegio que se otorga a ciertas naciones y se niega a otras.
Elie Wiesel, uno de los sobrevivientes del Holocausto más reconocidos del siglo XX, escribió: “Yo juro nunca guardar silencio cuando los seres humanos sufren.” No dijo: “Salvo cuando el que sufre es palestino.” Primo Levi, otro sobreviviente, advirtió en múltiples ocasiones contra la instrumentalización política de la memoria del Holocausto. Hannah Arendt, pensadora judía alemana, fue una de las primeras en advertir sobre los riesgos del proyecto sionista para la convivencia en la región.
La memoria del horror no puede convertirse en escudo para producir nuevo horror. Esa no es “indignación selectiva”. Es la aplicación consistente de los mismos principios a todos los casos. Que resulte incómodo para ciertos actores no la hace menos válida.
El lado correcto de la historia
La historia juzgará esta época. Y lo que quedará registrado no son las columnas de opinión ni los debates en redes sociales. Quedará registrado: 67,000 muertos, el equivalente a seis Hiroshimas lanzadas sobre una franja más pequeña que el Gran Área Metropolitana de San José, dos millones de personas desplazadas, el 70% de las viviendas destruidas, hospitales bombardeados, periodistas asesinados a un ritmo sin precedentes en conflictos modernos, y un fallo provisional de la más alta corte internacional del mundo que encontró plausible la comisión de genocidio.
Quedará registrado también quiénes, en ese momento, eligieron hablar de “indignación selectiva” en lugar de mirar esos cuerpos. Y quedará registrado quiénes, como Ordóñez, decidieron que no hay momento en que sea más correcto guardar silencio que cuando el horror se vuelve demasiado evidente para seguir negándolo.
Estar del lado correcto de la historia no requiere certeza absoluta sobre cada detalle. Requiere una sola cosa: la disposición a aplicar los mismos principios morales y jurídicos a todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, su religión o su utilidad geopolítica. Cuando eso se hace con consistencia, la lectura del presente no es difícil.
El genocidio en Gaza está documentado. El doble rasero está documentado. La hasbará como política de Estado está documentada. Y la columna de Ordóñez, más allá de sus matices y su tono, se ubica donde debe: del lado de los principios universales y de los cuerpos concretos, no del lado de los intereses que los justifican.
Eso, al final, es todo lo que se le puede pedir a un texto de opinión.
Lo intolerable no es solo la masacre del noble pueblo Palestino al que se le niega el derecho a existir, sino la desfachatez de judíos, desde la comodidad del poder, se proclaman eternas víctimas mientras avalan, justifican o minimizan la destrucción sistemática de vidas palestinas. La memoria del sufrimiento no otorga licencia para reproducirlo: ningún trauma histórico legitima convertir a otro pueblo en objetivo militar permanente ni llamar ‘seguridad’ a lo que, a ojos del derecho internacional, se acerca peligrosamente al crimen de genocidio.
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