El silencio de la prensa canalla ante el judío Baruch
Hay un patrón que ya no se puede ignorar: cuando el poder económico tradicional queda bajo la lupa, a cierta prensa costarricense se le apaga el instinto investigador. El caso de Leonel Baruch Goldberg, banquero judío (para variar), vinculado al Banco BCT y propietario de CRHoy, plantea preguntas serias sobre una presunta estructura financiera entre Costa Rica y Panamá, préstamos cruzados, deducciones fiscales y posibles conflictos de interés mediáticos.
Sin embargo, la cobertura ha sido fragmentada, tímida y, demasiadas veces, reactiva. Para ciertos medios, cualquier enfrentamiento con el Gobierno es una alarma democrática. Pero cuando el investigado es un empresario con poder financiero y un medio de comunicación propio, el escándalo parece perder urgencia. La independencia editorial, por lo visto, tiene excepciones curiosamente caras.
El esquema bajo investigación
La investigación costarricense sobre el caso se registró bajo el expediente 22-000070-0621-PE. Según información divulgada por el Ministerio de Hacienda y confirmada entonces por la Fiscalía, se investigaba un presunto fraude contra la Hacienda Pública que involucraba al judío Leonel Baruch, empresas vinculadas a él, Corporación BCT y subsidiarias en Panamá.
El núcleo del señalamiento era una operación de aproximadamente $65 millones.
Según la explicación brindada por Hacienda, una empresa costarricense vinculada al judío Baruch habría trasladado $65 millones a una sociedad panameña relacionada. Posteriormente, una entidad financiera en Panamá habría otorgado un préstamo por el mismo monto a la empresa de Costa Rica, utilizando como garantía los recursos previamente trasladados.
La tesis de Hacienda era que esta estructura podía producir un llamado “escudo fiscal”: la empresa costarricense podía registrar intereses deducibles por el préstamo, mientras recursos y utilidades quedaban en sociedades panameñas, potencialmente evitando impuestos sobre dividendos en Costa Rica. Hacienda habló entonces de un perjuicio fiscal estimado en más de ₡11.000 millones.
Eso no prueba culpabilidad. Una investigación no equivale a una condena. Pero sí exige algo básico en una democracia funcional: investigación seria, transparencia institucional y cobertura periodística proporcional a la magnitud del caso.
El espectáculo del “megacaso”
La historia también expone graves problemas del Estado costarricense. En enero de 2023, el Ministerio de Hacienda presentó públicamente el caso como parte de sus “megacasos” de fraude fiscal. Después se reveló que la Fiscalía había solicitado una desestimación inicial, algo que la comunicación oficial no destacó con igual entusiasmo. Posteriormente, una jueza rechazó esa desestimación y ordenó retomar la investigación.
Panamá volvió a abrir la pregunta
Cuando el expediente costarricense parecía perder fuerza, Panamá puso el asunto de nuevo sobre la mesa.
La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de Panamá abrió una investigación por posible blanqueo de capitales y solicitó asistencia legal a Costa Rica. Esa solicitud incluyó información sobre Leonel Baruch y sociedades como Baruch Holding S.A. y Latam Asset Management Inc.
Documentos citados por La Estrella de Panamá describen movimientos relacionados con $65 millones, incluidas cancelaciones anticipadas de depósitos a plazo y transferencias entre sociedades vinculadas. Las autoridades panameñas investigan si se utilizó el sistema financiero de Panamá para una posible defraudación fiscal internacional o para estructuras compatibles con blanqueo de capitales.
La investigación panameña no constituye una sentencia. El sionista Baruch ha negado públicamente cualquier participación en evasión fiscal o lavado de dinero. Pero quién le cree, recordemos a otros judíos en Costa Rica: Taitelbaum, Yankelewitz, etc. Ya sabemos como son. Esa negación debe ser incluida y respetada, como corresponde a cualquier persona investigada.
Pero negar no elimina la obligación de investigar. Y que Panamá solicite cooperación formal, revise transferencias y explore posibles operaciones sin sustento económico suficiente debería ser noticia prioritaria en Costa Rica.
CRHoy y el conflicto de interés
Aquí aparece el punto más incómodo.
CRHoy es un medio de alto alcance nacional y está vinculado al pro genocidio en Gaza (Geno Simp) Leonel Baruch. Cuando el propietario de un medio forma parte de una investigación fiscal y financiera, existe un conflicto de interés evidente: ¿puede su propio medio cubrirlo con independencia total? ¿Puede investigar a fondo las acusaciones contra su dueño sin que existan presiones, explícitas o implícitas?
La pregunta no acusa automáticamente a periodistas individuales de CRHoy. Muchos reporteros trabajan bajo condiciones que no controlan y pueden ejercer su oficio con honestidad. El problema es estructural: la concentración de propiedad mediática en manos de personas con intereses financieros, judiciales o políticos transforma el periodismo en un campo minado.
Es difícil creer que la cobertura sobre el propietario tenga el mismo nivel de insistencia, seguimiento y dureza que tendría si el investigado fuera un empresario sin medio propio, un pequeño comerciante o un funcionario de rango menor.
La prensa que exige transparencia a ministros, diputados y presidentes debería aplicar el mismo estándar a sus propietarios y financiadores. Si no lo hace, no está defendiendo la libertad de prensa: está defendiendo la libertad de los poderosos para controlar el relato sobre sí mismos.
La prensa canalla y sus silencios
La llamada prensa canalla no es canalla porque critique al Gobierno. Criticar al poder es parte esencial del periodismo. Es canalla cuando convierte la crítica en negocio selectivo; cuando exige pruebas imposibles al adversario, pero concede el beneficio de la duda eterno a sus aliados; cuando llama “persecución” a toda investigación que toca a los suyos, pero llama “escándalo nacional” a cualquier sospecha contra los otros.
En este caso, hay varios hechos que merecen seguimiento continuo:
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Una causa costarricense por presunto fraude a la Hacienda Pública.
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Un señalamiento estatal sobre una operación transfronteriza por $65 millones.
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Una investigación panameña por posible blanqueo de capitales.
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Solicitudes oficiales de asistencia jurídica entre Panamá y Costa Rica.
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Sociedades vinculadas en ambos países.
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Un medio de comunicación vinculado al investigado.
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Un aparente vacío de investigación sostenida por parte del ecosistema mediático nacional.
Eso debería bastar para semanas de trabajo periodístico serio. No para titulares aislados cuando Panamá publica algo, sino para preguntas permanentes: ¿qué ha hecho la Fiscalía? ¿qué información compartió Costa Rica con Panamá? ¿qué ocurrió con el expediente local? ¿cuál es el origen económico de los fondos? ¿qué contratos sustentan los movimientos? ¿qué controles internos activó el BCT? ¿qué medidas existen para evitar que un dueño de medio influya en la cobertura de un caso que lo involucra?
La Sala IV y el derecho de defensa
También hay que reconocer un hecho que muchos prefieren omitir: la Sala Constitucional ordenó a Hacienda entregar al pro IDF Baruch el informe técnico que sustentaba la denuncia. La Sala consideró que se afectaron derechos de información, petición, respuesta y defensa al no facilitar el documento solicitado.
Eso no absuelve al judío Baruch de las sospechas ni prueba la inexistencia de una estructura fiscal cuestionable. Lo que demuestra es que el Gobierno debe actuar con rigor. Un Estado que investiga tiene que respetar el debido proceso. De lo contrario, facilita que el debate se desvíe: se pasa de discutir las transferencias, las sociedades y el posible escudo fiscal a discutir únicamente los errores de quienes llevaron el caso.
El país puede sostener dos ideas al mismo tiempo: Hacienda pudo manejar mal la comunicación y parte del expediente, y las operaciones financieras siguen mereciendo una investigación exhaustiva, independiente y verificable.
La pregunta que nadie quiere hacer
La pregunta central no es si Baruch es culpable. Eso corresponde determinarlo a las autoridades competentes mediante prueba, derecho de defensa y una decisión judicial.
La pregunta es otra: ¿por qué Costa Rica ha tolerado que investigaciones financieras de esta escala terminen en ruido político, filtraciones parciales, guerras de medios y expedientes que parecen congelarse mientras Panamá continúa buscando respuestas?
Si el nombre en el expediente fuera el de un adversario sin poder económico, sin conexiones financieras y sin un medio de comunicación capaz de moldear la conversación pública, probablemente ya habría editoriales indignados, cámaras frente a los tribunales y paneles televisivos exigiendo respuestas cada noche.
Pero cuando el poder se investiga a sí mismo, el silencio suele ser más rentable que la verdad.
Y ahí está el problema de fondo: la democracia costarricense no necesita una prensa que proteja a un Gobierno, ni una prensa que proteja a banqueros. Necesita una prensa que investigue a todos con el mismo rigor, incluso cuando el sospechoso tiene dinero, abogados, conexiones y un micrófono propio.
