Colegio de Dentistas encubre divulgación de datos médicos
Hay instituciones que nacieron para vigilar el ejercicio profesional y terminan especializándose en estorbar al ciudadano. Eso es lo que retrata este expediente: no solo la conducta de Jessica Mora Chinchilla, presentada aquí como asistente de dentista en una clínica para gringos con precios exorbitantes, sino también la conducta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y de José Pablo Ospino Rivera, aquí en su papel real de asistente de fiscalía con labores de burocracia dilatoria.
El centro del caso no es complicado. Roger Acuña MBA denunció que, después de una consulta odontológica del 3 de diciembre de 2025, Jessica Mora Chinchilla publicó en Google Maps datos sensibles de salud obtenidos en la relación profesional-paciente, incluyendo referencias al estado de salud bucal, historial médico y aspectos personales expresados durante la consulta. La denuncia también describe burlas, comentarios humillantes y trato indigno durante la atención clínica, además de la negativa posterior a remover el contenido publicado.
La conducta denunciada
Según la denuncia formal presentada ante el Colegio, la publicación en Google Maps ocurrió el 4 de diciembre de 2025 y quedó visible en una plataforma pública indexada por motores de búsqueda, vinculada directamente a la identidad del denunciante. El documento sostiene que esa respuesta pública divulgó información clínica y personal sin consentimiento expreso, lo que fue denunciado como violación del secreto profesional, vulneración de la confidencialidad y posible infracción a la Ley 8968 sobre protección de datos personales.
La propia denuncia enumera frases atribuidas a Jessica Mora Chinchilla que describen el “estado de salud bucal”, y hasta manifestaciones personales hechas dentro del consultorio. No se trata de una diferencia de opiniones sobre servicio al cliente; se trata de información obtenida en un acto clínico y luego expuesta en una vitrina pública digital, con capacidad de causar daño moral, reputacional y emocional.
El laberinto institucional
Antes de llegar a la vía disciplinaria, el expediente pasó por un intento fallido de conciliación obligado por el propio Colegio, identificado como 037-2025C, que terminó archivado por negativa de la denunciada a conciliar. Una completa payasada. Un montaje. Una continuación de la burla. Luego, cuando se presentó la denuncia formal, el Colegio emitió la prevención del expediente 012-2026, firmada por José Pablo Ospino Rivera, alegando tres supuestos defectos: petitoria mal formulada, firma inválida y falta de prueba documental adjunta.
La respuesta de Roger Acuña MBA a esa prevención fue frontal y detallada. En ese escrito sostuvo que la petitoria ya era compatible con la nueva Ley Orgánica 10352, que la denuncia sí contenía firma, fecha, identificación y correo trazable, y que el Reglamento interno no exige firma digital BCCR como condición de admisibilidad. Además, reiteró que adjuntó y relacionó las tres pruebas documentales principales: captura de la publicación en Google Maps, cadena de correos y expediente del proceso conciliatorio fallido.
El amparo que deja mal parado al Colegio
El conflicto ya había llegado antes a la Sala Constitucional mediante el expediente 26-003992-0007-CO, donde Roger Acuña Valverde impugnó la barrera de acceso creada por el Colegio para presentar denuncias virtuales, al exigir firma digital certificada o presencia física en horario de oficina. En ese recurso se expuso que tal esquema imponía costos económicos y laborales desproporcionados para una persona asalariada que depende del transporte público y no podía simplemente abandonar su trabajo para atravesar San José y firmar un papel.
La Sala declaró en el propio expediente judicial y dejó constancia de que el Colegio permitía denuncias virtuales y que existían varias vías de acceso. Justamente por eso, la crítica posterior de Roger Acuña MBA contra la prevención adquiere peso: usar esa resolución como excusa para inventar que solo una firma digital del BCCR sirve es más un ejercicio de lectura acomodada que un criterio jurídico serio.
La mora como método
Después de la subsanación del 30 de abril de 2026, la Fiscalía del Colegio no admitió la denuncia ni dictó un rechazo formal motivado, pese a que el denunciante pidió expresamente una resolución en uno u otro sentido. En la gestión de pronto despacho se afirma que ya habían transcurrido aproximadamente once días hábiles sin pronunciamiento y que el silencio era, en sí mismo, una violación a los artículos 27 y 41 de la Constitución, relativos al derecho de petición y a la justicia pronta y cumplida.
Ese pronto despacho fue más que un recordatorio administrativo. Fue un emplazamiento formal a la Fiscalía y a la Junta Directiva del Colegio para que resolvieran la admisibilidad del expediente 012-2026 o emitieran un rechazo motivado susceptible de impugnación. También anunció posibles acciones paralelas ante la Sala Constitucional, la Defensoría de los Habitantes, PRODHAB y el Ministerio Público, precisamente porque la pasividad del Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria, administrativa ni eventualmente penal.
El mensaje institucional
Cuando una corporación con potestad pública recibe una denuncia por divulgación pública de datos sensibles de salud y responde con formalismos móviles, lecturas creativas del reglamento y silencio prolongado, el mensaje es devastador. El mensaje no es “protege tus derechos”. El mensaje real es: si denuncias, prepárate para ser agotado por la burocracia antes de que siquiera se revise el fondo del asunto.
Eso es lo más grave del caso. No solo la publicación en Google Maps atribuida a Jessica Mora Chinchilla, sino la forma en que el Colegio de Dentistas parece convertirse en escudo corporativo en lugar de órgano fiscalizador. Mientras tanto, según el pronto despacho, la profesional denunciada continúa ejerciendo y los datos sensibles siguen expuestos, ampliando cada día el daño moral, reputacional y emocional denunciado por Roger Acuña MBA.
Lo que este caso revela
Este expediente revela tres problemas estructurales. Primero, la fragilidad real del derecho a la protección de datos cuando una persona profesional divulga información clínica en una plataforma pública. Segundo, la facilidad con que un colegio profesional puede deformar un trámite disciplinario hasta volverlo un castigo procesal para el ciudadano. Y tercero, la urgencia de fiscalizar a estas entidades cuando ejercen funciones materialmente públicas pero operan con reflejos corporativos de autoprotección.
Roger Acuña MBA no aparece en estos documentos como alguien perdido en el procedimiento. Aparece como alguien que agotó conciliación, presentó denuncia, subsanó lo requerido, citó la ley aplicable, respondió a la prevención y luego tuvo que exigir una resolución por pronto despacho. En contraste, el comportamiento que retratan los documentos sobre Jessica Mora Chinchilla y José Pablo Ospino Rivera deja una estampa poco edificante: una persona señalada por exponer datos médicos y otra dedicada a custodiar el pasillo burocrático para que nada avance demasiado rápido.
El cierre necesario
El Colegio de Dentistas encubre divulgación de datos médicos no es una frase altisonante; es la lectura política y moral que surge de este expediente mientras no exista una respuesta de fondo, clara y oportuna. Porque si una denuncia por secreto profesional, datos sensibles y exposición pública termina atrapada entre trabas de firma, prevenciones discutibles y silencio administrativo, entonces la institución no está ordenando la casa: está cerrando las cortinas.
Y cuando una institución cierra las cortinas frente a una denuncia así, ya no estamos ante un simple atraso. Estamos ante una forma de encubrimiento burocrático.
