Por Roger Acuña | Acuña’s Angle
Hay que decirlo sin rodeos: Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio, acertó de lleno en su columna, “La Campaña del miedo ya no alcanza”. Mientras la oposición tradicional insiste en reciclar el mismo cuento de “la democracia en peligro” cada vez que pierde una elección, el país sigue de frente, con resultados concretos, y cada vez menos costarricenses le compran ese discurso trasnochado.
Aplausos para Castilla por atreverse a decir en voz alta lo que millones ya piensan en silencio: Costa Rica está cansada de diagnósticos eternos, bloqueos calculados, alarmismo selectivo y políticos que confunden defender sus privilegios con defender la democracia.
Porque no es lo mismo una crítica legítima que una campaña organizada para infundir miedo. No es lo mismo fiscalizar al Gobierno que tratar de convertir cualquier roce institucional, cualquier declaración fuerte o cualquier cuestionamiento al Poder Judicial en el anuncio del fin de la República. Y mucho menos cuando quienes hoy se rasgan las vestiduras fueron parte del establishment que dejó crecer la inseguridad, la impunidad, el desempleo y la frustración ciudadana durante años.
El diagnóstico de Julio Castilla es quirúrgico
Castilla identifica el problema con precisión: la oposición ha convertido el miedo en su principal producto político. Antes de las elecciones, el libreto era sencillo: si el partido de continuidad obtenía una mayoría amplia, Costa Rica se encaminaba hacia una supuesta dictadura. Después de las elecciones, el mismo libreto continúa, solo que ahora cambian los actores y los titulares.
Todo se presenta como una crisis institucional. Todo desacuerdo es “autoritarismo”. Toda exigencia de resultados se etiqueta como “amenaza”. Toda crítica al funcionamiento lento, caro e ineficiente de ciertas instituciones se transforma, milagrosamente, en un atentado contra la democracia.
La pregunta es inevitable: ¿de verdad creen que los costarricenses no pueden distinguir entre una discusión institucional y una ruptura democrática?
La ciudadanía ya no vive desconectada. Tiene acceso a información, redes sociales, medios alternativos, datos públicos, conferencias de prensa, documentos, videos y múltiples versiones de un mismo hecho. Ya no basta con que un editorial diga “esto es gravísimo” para que todo el país corra a esconderse debajo de la cama institucional.
La gente mira los resultados. Y cuando ve resultados, empieza a preguntarse por qué algunos sectores parecen tan desesperados por desacreditarlos.
La campaña del miedo quedó desnuda
La famosa campaña del miedo se construyó sobre escenarios hipotéticos, no sobre hechos. Se hablaba de amenazas futuras, de peligros abstractos, de instituciones que iban a desaparecer y de libertades que supuestamente serían arrasadas. Pero mientras tanto, los problemas concretos seguían ahí: comunidades golpeadas por el crimen, familias preocupadas por el empleo, emprendedores ahogados por trámites, productores castigados por costos altos y ciudadanos frustrados por una justicia que muchas veces parece llegar tarde o no llegar.
Ese es el truco más viejo de la política costarricense: cambiar la conversación cuando no conviene hablar de resultados.
Si no pueden defender la lentitud judicial, hablan del tono presidencial.
Si no pueden explicar la impunidad, hablan de “formas”.
Si no pueden justificar el bloqueo legislativo, hablan de “institucionalidad”.
Si no pueden ofrecer soluciones a la inseguridad, inventan una crisis democrática.
Y así, con bastante dramatismo y poca sustancia, pretenden que el país vuelva a aceptar el mismo modelo de siempre: unos pocos deciden, los demás esperan, y cualquier persona que cuestione el mecanismo es acusada de querer destruirlo.
Pero no. La democracia no se fortalece defendiendo el inmovilismo. La democracia se fortalece cuando las instituciones son capaces de responderle a la gente.
Lo que hicieron Chaves y Fernández
Aquí es donde conviene salir del ruido y mirar los hechos. Porque mientras ciertos sectores siguen obsesionados con construir una narrativa de miedo, el gobierno de Rodrigo Chaves dejó resultados importantes y la administración de Laura Fernández ha continuado con una agenda clara de seguridad, infraestructura, modernización y lucha contra la impunidad.
No se trata de idolatrar a nadie. Se trata de reconocer lo que está funcionando.
Seguridad: resultados que no caben en una columna alarmista
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Los homicidios bajaron 15% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, con 64 muertes menos registradas.
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Los femicidios cayeron 52% en ese mismo periodo, según cifras divulgadas por el INAMU.
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Durante los primeros 100 días del gobierno de Laura Fernández se decomisaron 22,5 toneladas de droga.
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En ese mismo balance, el Gobierno reportó 20 homicidios menos y 1.411 delitos contra la propiedad menos que en el periodo comparable.
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El OIJ proyectó que Costa Rica podría cerrar 2026 con menos de 800 homicidios, frente al récord de 905 asesinatos registrado en 2023.
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El promedio diario de homicidios pasó de 2,5 por día en 2023 a 1,9 por día en 2026.
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Durante la administración Chaves se incautaron más de 191.000 kilos de droga.
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Costa Rica llegó a ser el sexto país latinoamericano con mayores decomisos de cocaína en 2025.
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Se avanzó en la implementación de escáneres para revisar carga en puertos y fronteras, con el objetivo de golpear directamente las rutas del narcotráfico.
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Los delitos contra la propiedad se redujeron 24% durante la administración de Chaves, según el balance oficial presentado al cierre de su mandato.
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La Fuerza Pública superó los 17.400 oficiales activos y alrededor de 19.000 agentes recibieron mejoras salariales.
¿Es suficiente? No. Nadie serio diría que Costa Rica ya resolvió su problema de seguridad. El país sigue enfrentando un reto enorme frente al narcotráfico y la violencia. Pero negar una reducción objetiva en homicidios, decomisos y delitos patrimoniales solo porque no favorece la narrativa opositora sería deshonesto.
Y la deshonestidad editorial no es fiscalización: es propaganda.
Economía: del desorden heredado a una base más estable
La administración Chaves recibió una economía complicada: deuda alta, desempleo elevado, inflación fuerte y una sensación generalizada de que el Estado se había acostumbrado a gastar sin resolver.
El balance oficial de su gestión señala avances que merecen ser discutidos con seriedad, no descartados con una mueca automática porque los números provienen de un gobierno que algunos no toleran políticamente.
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La deuda pública pasó de equivaler al 67% del PIB a 58,3% del PIB.
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El desempleo bajó de aproximadamente 12% a 6,3%, una de las cifras más bajas de la historia reciente.
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La pobreza monetaria pasó de 23% a 15,2% al cierre de 2025.
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Más de 113.000 hogares, equivalentes a unas 414.000 personas, salieron de la pobreza durante la administración Chaves, según el informe gubernamental.
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La pobreza multidimensional se redujo de 14,3% a 9,9%.
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El crecimiento económico fue de 5,5% en 2022, 4,8% en 2023, 4,1% en 2024 y 4,6% en 2025.
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Se reportaron más de USD 2.500 millones en inversión pública para carreteras, educación, agua potable y transporte.
Estos datos no significan que todo sea perfecto. No significan que el costo de vida haya dejado de preocupar ni que cada familia sienta por igual los efectos de la recuperación. Pero sí destruyen la caricatura según la cual el país vive en ruinas, al borde del colapso y bajo un gobierno incapaz.
La realidad es más incómoda para quienes viven de la catástrofe editorial: hay avances. Y hay costarricenses que los ven.
Infraestructura y modernización sin discursos vacíos
La nueva administración de Laura Fernández tampoco llegó a quedarse sentada esperando que la oposición aprobara sus prioridades por buena voluntad. Llegó con iniciativas y resultados.
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El Congreso aprobó por unanimidad un financiamiento de USD 800 millones para un tren eléctrico metropolitano.
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El proyecto conectaría Cartago, San José, Heredia y Alajuela a lo largo de 51 kilómetros, con una proyección de servicio para cerca de 100.000 personas diarias.
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También se aprobaron USD 140 millones para agricultura sostenible.
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Se aprobaron otros USD 350 millones para reconstruir infraestructura afectada por fenómenos climáticos.
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El Ministerio de Educación anunció un programa de capacitación en inteligencia artificial para más de 90.000 docentes.
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Se invirtieron más de ₡3.759 millones en robótica educativa para centros CEN-CINAI, con alcance para más de 28.000 niños.
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Se impulsó financiamiento para 124.000 productores agropecuarios con tasas cercanas al 4% anual.
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Laura Fernández presentó ocho proyectos nuevos de ley en sus primeros 100 días, enfocados en infraestructura, control fiscal, conectividad, crédito, seguros agropecuarios y modernización del INA.
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La administración también acumuló 12 iniciativas en seguridad, lucha contra la impunidad y recuperación de la justicia.
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La propuesta para eliminar las pensiones de expresidentes podría generar ahorros estimados en unos USD 26 millones anuales.
Esto es gobernar: poner proyectos sobre la mesa, negociar financiamiento, empujar obras, fortalecer seguridad, abrir oportunidades de formación tecnológica y buscar que la plata pública llegue a prioridades concretas.
El país estaba sobre-diagnosticado. Había informes para todo, comisiones para todo, mesas de diálogo para todo y excusas para todo. Lo que faltaba era ejecución. Y cuando finalmente aparece un gobierno dispuesto a mover piezas, los guardianes del inmovilismo descubren que están profundamente preocupados por “las formas”.
Qué conveniente.
El problema no es la crítica, es el bloqueo
Nadie debería pedir una oposición silenciosa. Sería absurdo. La oposición tiene que vigilar, preguntar, denunciar y confrontar cuando sea necesario. Eso es parte de una democracia sana.
Pero otra cosa muy distinta es oponerse a todo porque sí.
Julio Castilla acierta cuando señala el bloqueo sistemático de iniciativas como las jornadas 4×3, la armonización eléctrica y propuestas relacionadas con recursos estratégicos como Crucitas. En lugar de debatir con seriedad las condiciones, riesgos, beneficios y mecanismos de control, algunos sectores convierten cualquier reforma en una prueba moral para decidir quién es “demócrata” y quién no.
Ese método tiene un problema: la gente se cansa.
La gente se cansa de escuchar que no se puede hacer nada porque todo debe estudiarse otros cinco años.
La gente se cansa de instituciones que discuten mientras los criminales operan.
La gente se cansa de expertos que explican por qué cada solución es imposible, pero nunca explican por qué el fracaso anterior debería seguir siendo aceptable.
La gente se cansa de partidos que solo se acuerdan de los pobres cuando necesitan una consigna, pero se olvidan de ellos cuando toca simplificar trámites, atraer empleo, mejorar la seguridad o ejecutar infraestructura.
Democracia no es parálisis
La gran mentira de la campaña del miedo es que una democracia fuerte equivale a una democracia inmóvil. Como si cuestionar la lentitud del Poder Judicial fuera un delito. Como si exigir mayor coordinación contra el crimen organizado fuera autoritarismo. Como si pedir eficiencia en la administración pública fuera una amenaza institucional.
No. Una democracia fuerte puede tener tensiones. Debe tenerlas.
El Ejecutivo puede criticar al Judicial.
El Judicial puede revisar al Ejecutivo.
La Asamblea puede frenar, modificar o aprobar proyectos.
La prensa puede cuestionar al gobierno.
La ciudadanía puede exigir explicaciones de todos.
Lo que no puede pasar es que el país se paralice porque ciertos grupos consideran intocable todo aquello que les dio poder durante décadas.
La institucionalidad no es un museo. No existe para preservar privilegios ni para garantizar que nadie tenga que rendir cuentas. Existe para servirle al país. Y si una institución no funciona, se le critica, se le reforma y se le exige.
Eso no es atacar la democracia. Eso es tomársela en serio.
Si eso me hace Chavista, entonces sí, soy Chavista
No voy a pedir disculpas por reconocer resultados.
Si apoyar la reducción de homicidios y femicidios me hace Chavista, entonces lo soy.
Si celebrar que miles de familias hayan salido de la pobreza me hace Chavista, entonces lo soy.
Si reconocer que bajó el desempleo, que se redujo la deuda pública y que Costa Rica mantuvo crecimiento económico me hace Chavista, entonces lo soy.
Si aplaudir la inversión en seguridad, escáneres, policías, educación tecnológica, robótica para niños, agricultura sostenible, infraestructura climática y un tren eléctrico metropolitano me hace Chavista, entonces lo soy.
Si felicitar a Julio Castilla por denunciar la campaña del miedo me hace Chavista, entonces lo soy.
Y si desaprobar las campañas del miedo de quienes prefieren el bloqueo, la impunidad, la burocracia eterna y la defensa de sus privilegios antes que reconocer un resultado positivo me hace Chavista, entonces no hay mucho que discutir: sí, soy Chavista.
Porque prefiero apoyar hechos antes que consignas y que lo sufra el fan club de Claudia Dobles.
Prefiero resultados antes que pánico.
Prefiero reformas antes que excusas.
Y prefiero un país que se atreva a avanzar, incluso incomodando a quienes durante décadas se sintieron dueños de la conversación nacional.
